y si ...

Impulsado por las altas temperaturas veraniegas he dedicado la tarde a reflexionar sobre la capacidad que tienen ciertos individuos para perder cosas importantes.

Al principio creí interesante analizar las estadisticas de cheques y efectos comerciales que se denuncian como extraviados pero desistí al no encontrar información susceptible de ser segmentada. Así que al final opté por estudiar algo todavía más absurdo.

El esfuerzo que supone la conclusión de carrera universitaria justifica que el título que acredita nuestros estudios tenga por lo general un importante valor emocional. ¿Qué clase de merluzo podría perderlo?

Pues bien, he examinado todos los anuncios aparecidos en el BOE entre el 1 de enero y el 7 de julio. He asislado los 641 casos en los que se denuncia la pérdida de uno de ellos y a continuación he tabulado la información que he considerado más relevante: sexo, carrera, universidad, fecha de obtención.

Estas son algunas de mis conclusiones:

Una vez cumplido nuestro ciclo vital lo más habitual es morirse. Sin embargo, de vez en cuando aparecen por ahí indeseables que deciden saltarse las leyes de la naturaleza con la egoísta esperanza de convertirse en inmortales. Por fortuna nuestros jueces de primera instancia cuentan con los medios necesarios para perseguir cualquier violación de las normas emanen éstas del parlamento o sean consecuencia de procesos biológicos. Tras advertir la existencia de uno de estos viejos, el problema tiene una fácil solución: basta con publicar un edicto declarando su fallecimiento para acabar con cualquier aspiración contraria al sentido común.

Sin embargo, no todos los casos son puestos en conocimiento de las autoridades con la misma celeridad. En muchos se ha podido actuar gracias al buen hacer de los familiares que han comenzado a recordar a los que emigraron a medida que sus abandonados patrimonios incrementaban de valor.

Así puedo citar los casos recientes de José Perez Cortés que osó vivir hasta los 145 años, de María Jiménez García (136 años), Segundo Carvajal Piquero (123 años) Nicolás Barrera Cruz (114 años), de Ramón José Felís Montoso (118 años), de Juan Antonio Jimenez Muñoz (121 años), de José Manuel Bernabé (128 años), o de José Manuel Artimez Rodriguez (119 años). Todos ellos, recordemos, superan en edad al español que posee el record oficial de longevidad, el señor Joan Riudavets que falleció a los 114 años y 81 días.

Como prueba de la peligrosidad de estos individuos tenemos el caso de Miguel Guzmán de quien se dice tiene 32 años a pesar de ausentarse de su último domicilio en 1934. O el de don “Juan Pedro conocido como Juan Plaza Pérez de Madrid natural de Alcolea de Calatrava” (111 años) quien tras fallecer en la batalla de Anual en 1921 debió encontrar algún mecanismo para volver a la vida ya que ha sido necesario disponer su fallecimiento por edicto.

Aunque no cabe duda que este proceso es beneficioso para nuestra sociedad existen pequeños riesgos que hacen necesario que los ciudadanos responsables tomemos algunas precauciones. Por ejemplo, víctimas de una confusión administrativa podríamos ser declarados muertos antes de tiempo. Pero evitarlo está en nuestras manos ya que el edicto debe ser publicado dos veces antes de tener efecto, es decir, advertido el error en el primero basta con presentarse en el juzgado con el DNI y manifestar a su señoría que no estamos muertos. Es probable que tengamos que someternos al examen de un médico forense (una especie de autopsia inversa) o incluso tengamos que llevar testigos que certifiquen nuestro testimonio; en cualquier caso es recomendable actuar con rapidez ya que las consecuencias fiscales pueden ser bastante perniciosas (ese año seriamos sujetos pasivos del Impuesto de Patrimonio y del Impuesto derivado de nuestra propia sucesión).

Con la misma pasión con la que otros disecan mariposas, almacenan discos o clasifican sellos, yo recopilo edictos publicados en los distintos Boletines Oficiales. Comencé a desarrollar esta afición de manera fortuita durante mis años de estudiante. Asiduo oyente de los programas nocturnos de Radio3 recuerdo el sobresalto que me producía la voz de ultratumba del locutor que a eso de las cinco irrumpía leyendo edictos y anuncios un tanto macabros: “por asuntos familiares urgentes se necesita localizar el paradero de,…”.

Fue mi primer contacto con este singular mundo. Luego vendrían mis primeras lecturas furtivas del BOE en la biblioteca de la universidad (siempre había un ejemplar junto a mi sitio habitual), el descubrimiento que en mi trabajo también se recibían, las visitas a su página web,…

La frecuente revisión de sentencias y requisitorias ha despertado mi admiración por el descomunal trabajo desarrollado por nuestros magistrados. La calidad de muchos de sus textos (recomiendo la lectura de los hechos probados y del fallo de cualquier sentencia) debería avergonzar a los que tienen en la literatura su profesión. Sólo me resultan aburridos los anuncios de los Juzgados de lo Mercantil, las requisitorias de los Juzgados militares no están mal para conocer la evolución del número de desertores pero por lo demás son siempre iguales. También reviso aunque con menos frecuencia los que publican las universidades cada vez que alguien pierde el título (¿por qué los biólogos son tan propensos a hacerlo?)

Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística anunció que el Índice de Precios al Consumo (IPC) se había incrementado, en los últimos doce meses, un 4%. Mi convenio colectivo utiliza este indicador para actualizar sus tablas salariales así que el dato acabará teniendo alguna influencia en mi única fuente de rentas. Sin embargo, ¿es correcto suponer que los precios de los bienes y servicios que consumo han experimentado el crecimiento que señala este organismo? Esta última semana apenas he sido capaz de conciliar el sueño pensando que ese dato se obtiene a partir de una encuesta en la que se utilizan los precios promedios de una cesta de 484 artículos ponderados de acuerdo con su hipotética importancia en el presupuesto medio de una familia. ¿Y si yo soy diferente?

Partiendo de los índices nacionales de subclase, he calculado el impacto del incremento de precios ajustándolo a mi patrón de consumo. Para ello he tomado cada uno de sus 117 grupos de artículos, he distribuido la parte de mi renta dedicada a su adquisición y he transformado los datos obtenidos en porcentajes relativos. A continuación los he multiplicado por las respectivas variaciones de precios señaladas en la encuesta del INE. Mi IPC en realidad subió un 3,2%. Las partidas con una influencia más negativa en mi indicador son las que corresponden a:

1. Hoteles: 0,17%
2. Servicios para la conservación de la vivienda: 0,26%
3. Servicios financieros: 0,295%
4. Restaurantes bares y cafeterías: 0,49%
5. Transporte aéreo: 1,54%

Es decir, casi la mitad del incremento de mi IPC guarda relación con el encarecimiento de los billetes de avión. Los equipos informáticos (-0,56%), los fotográficos y cinematográficos (-0,11%) y los de imagen y sonido (-0,11%) contribuyen a compensar parcialmente estas subidas. A pesar de ello, la mayor parte de la inmunización lograda obedece al hecho de que no dispongo de vehículo propio.

Estos datos me permiten analizar lo ocurrido en el último año. No obstante, el panorama para los próximos meses no es tan alentador; la subida del Euribor ha supuesto un incremento en mi hipoteca (cuya cuota se revisó en Junio) que podría costarme casi seis décimas. La subida de los precios del petróleo supone un riesgo adicional por su influencia en el precio del transporte aéreo.

Me ha producido una enorme alivio comprobar que los fuertes incrementos en los precios de las “Patatas y sus preparados” (un 21,4% desde el comienzo de año) me resultan indiferentes y que mientras que la ropa interior femenina suben un 6%, la masculina desciende un 3%.

Tras revisar la metodología empleada para obtener el IPC me sorprenden al menos dos inconsistencias teóricas importantes. La primera se refiere a que no considera el probable efecto sustitución que las variaciones de precios relativos introducen en la distribución del gasto y la segunda a que en el índice no está contemplado el impacto de la evolución técnica (por ejemplo, compara precios de ordenadores o coches sin analizar sus prestaciones).

La subida que a nivel nacional se ha producido en el precio de los tangas puede que guarde relación con un exceso de demanda, y aunque le asigno una probabilidad reducida, quizás pueda ocasionar efectos interesantes en el consumo de patatas y sus preparados (el incremento en el precio de un bien de lujo -tangas- desplaza su consumo para compensar el encarecimiento de un bien de primera necesidad -patatas-). Soy consciente de que mi capacidad para comprender los condicionantes del comportamiento femenino es nula. Por eso recurro a vuestras experiencias como consumidoras para poder estimar la influencia de este cambio en un contexto en el que, además, los “Combustibles y lubricantes” parecen estar fuera de control.